Este año el estado de Nueva York tuvo el dudoso honor de ser el primero en aprobar una disposición controvertida que exige que todas las impresoras 3D vengan con vigilancia y censura integradas. Eso significa que no solo hay un reloj corriendo para proteger a cada artista, investigador, ingeniero y aficionado del estado, sino que existe el riesgo real de que otros estados sigan su ejemplo sin pensarlo demasiado—incluso antes de que las normas de Nueva York entren en vigor.
Nosotros, junto con muchos otros expertos, ya advertimos sobre este proyecto de ley escondido dentro del abarrotado proceso presupuestario del estado. Cientos de nuestros seguidores y entusiastas de la impresión 3D en Nueva York se comunicaron con sus representantes con la esperanza de frenar este disparatado proyecto de ley. Aunque hubo algunas enmiendas bienvenidas en respuesta a las protestas, Albany lo aprobó de todas formas.
Puede que tenga buenas intenciones, pero proyectos de ley como este venden una fantasía que solo puede tener un impacto negativo incalculable en la privacidad, la libertad de expresión y los derechos del consumidor de cualquiera que use estos dispositivos de uso general. Bajo la bandera de reducir la violencia armada—que casi siempre se comete con armas de fuego comerciales—los legisladores de Nueva York aprobaron una legislación draconiana que permitirá a los fabricantes atar a las personas usuarias a su plataforma y recopilar sus datos.
Ahora que el proyecto de ley fue aprobado y firmado por la gobernadora Hochul, veamos dos cambios importantes que sufrió la legislación final desde la última vez que escribimos sobre esto, y por qué estados como California no deberían cometer el mismo error.
Menor riesgo para el intercambio lícito de archivos
El proyecto de ley de Nueva York incluye disposiciones que penalizan el acceso a archivos de impresión de armas de fuego, una propuesta que estados como Colorado descartaron correctamente por preocupaciones relacionadas con la Primera Enmienda. Si bien esto se mantuvo en la legislación aprobada, sí se lograron algunos avances.
Originalmente, la legislación amenazaba con cargos de delito grave (felony) por almacenar y compartir estos archivos, lo que podía afectar a investigadores, artistas y periodistas sin ninguna intención de imprimir un componente de arma de fuego. Estos cargos se rebajaron a un delito menor de Clase A (Class A misdemeanor).
Dos disposiciones penalizaban el intercambio de archivos. La primera de ellas, relacionada con la venta o distribución de archivos dentro del estado, obtuvo una excepción importante para cuando quien envía tiene una creencia razonable de que quien recibe no imprimirá ilegalmente estos componentes. Sin embargo, la segunda disposición, relacionada con la penalización de la posesión de archivos, complica esto. Según el punto 2.12 de esa subsección, las personas que posean el archivo con la intención de compartirlo no cuentan claramente con esa misma excepción de creencia razonable.
En otras palabras, si compartes uno de estos archivos, el acto de compartirlo en sí queda cubierto por la excepción, pero la ley deja ambiguo si la posesión de esos mismos archivos está cubierta cuando tienes intención de compartirlos.
Si bien esta excepción podría haber dado cierto margen a investigadores y periodistas que actúan de buena fe, la redacción apresurada de este proyecto de ley deja bastante ambigüedad y un posible efecto disuasorio sobre la libertad de expresión. Aun así, estos cambios sí ofrecen una modesta reducción de daño dentro de esta ley inconstitucional.
Quedar bien preservando la venta en línea
Originalmente, el proyecto de ley incluía un extraño requisito de que todas las impresoras 3D y máquinas de Control Numérico Computarizado (CNC) se vendieran y entregaran presencialmente, sin excepción alguna. Eso habría significado una barrera importante de acceso, particularmente para personas en zonas agrícolas y zonas rurales del estado, que se benefician de forma particular de la fabricación y reparación en casa. También habría representado un inconveniente considerable para las empresas que usan estos dispositivos. Y para todas las personas, en general, habría significado menos opciones de comercios donde comprar y más estigma por usar estos dispositivos.
Afortunadamente, esto se eliminó por completo del proyecto de ley.
Siguiente paso: averiguar qué fue lo que realmente se aprobó
Además de haber quedado escondido dentro del complicado proceso legislativo del presupuesto de Nueva York y de haber evitado un escrutinio adecuado, este proyecto de ley también dejó para después la definición de qué es exactamente lo que se está exigiendo. En muchos sentidos, los legisladores aprobaron una intención, no un mandato concreto. Veremos cómo se desarrolla la ley real durante el próximo año, a través de un grupo de trabajo sin ninguna obligación de transparencia hacia el público. Además, no tienen obligación alguna de garantizar salvaguardas para las personas consumidoras al desarrollar este software de censura impuesto por el estado.
Seguimos preocupados por la posibilidad de que un grupo de trabajo sesgado actúe en interés de los fabricantes, o enfrente presiones para aceptar perjuicios a las personas consumidoras en los estándares que produzca. Nuestra esperanza restante es que este grupo de trabajo, convocado por el Departamento de Estado y el sistema universitario estatal, esté compuesto por verdaderos expertos conscientes de lo inviable y dañino que es este mandato, y que impidan que se concrete.
La lucha continúa
Nueva York es el primer estado en avanzar por este camino de software de censura y vigilancia impuesto por el estado para impresoras 3D, pero está lejos de ser el único que lo está considerando. Ahora es más urgente que nunca oponernos con firmeza a esta tendencia en otros estados, como California, mientras intentan subirse al mismo carro—antes incluso de ver los impactos reales en el mundo.
No dejes que California repita el error de Nueva York
No podemos permitir que esto se convierta en la base de futuras restricciones a la libertad de expresión y al diseño, ni que sirva de manual de estrategias para que el estado y las corporaciones nos arrebaten el control sobre nuestras propias herramientas.
